La evaluación ESG es algo de lo que muy poco se ha hablado en nuestros países, pero que ha estado tomando fuerza en Europa y Estados Unidos durante los últimos años.
Como muchos de los acrónimos usados por los gobiernos mundiales, las letras ESG funcionan para hacer que todos aceptemos la existencia de un departamento sin recordar realmente para qué fue creado.
ESG significa Environmental, Social, And Governance scoring, lo que podría traducirse como Evaluación medioambiental, social y de gobernanza.
Según sus documentos y sloganes, esta nueva manera de teledirigir los mercados financieros servirá para hacer que las inversiones a largo plazo sean más rentables y sostenibles, cosa que suena muy razonable y que no mucha gente encontraría objetable de primera mano.
El problema es que, tal y como sucede cuando nuestros gobiernos redactan leyes y constituciones que parecen escritas por angelitos, estos criterios están redactados de manera tan ambigüa que terminarán sirviendo para lo que sea que se les ocurra en años por venir.
Algunos lectores pensarán que, por más que se enuncien estos criterios, no pueden superponerse a las leyes dictadas por nuestros países soberanos y democráticos. Pues, déjenme decirles que no lo necesitan porque para ello sólo tenemos que firmar alguno que otro tratado o acuerdo con la ONU, y de allí en adelante cedemos el control legislativo en estas y otras materias a los “verdaderos expertos”.
En este caso, nuestros nuevos legisladores, ubicados más que todo en Europa, deciden ya qué inversiones son deseables y bajo qué condiciones. Es decir, ellos deciden darle trato preferencial a los capitales que cumplan con sus criterios totalmente arbitrarios, y excluir progresivamente a aquellos que no lo hagan.
Esto los convierte efectivamente en un cartel o mafia que controla el sistema financiero de todos los países en occidente. Esto incluye órganos tan importantes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En el caso de las puntuaciones ESG, quienes deciden los criterios de evaluación son los conglomerados financieros como Blackrock, Vanguard, Goldman Sachs, Fidelity, y todos estos nombres bonitos que no muchos oyen pero que siempre están presentes en cada crisis financiera o evento mundial.
Ellos discuten y deciden cuáles son los criterios de evaluación de políticas de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza, y cómo los gobiernos regionales deben hacerlos cumplir. Los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de cada región se convierten en instrumentos de aplicación de estas políticas, garantizando el cumplimiento dentro de las instituciones financieras que operen en sus jurisdicciones y, por último, los individuos.
Es decir, ya la gente no decide nada de esto, ni siquiera votando. En el caso de los países de habla hispana, serán conglomerados como el Grupo Santander, BBVA, Falabella, Cencosud, y un corto etcétera, los que implementen estos criterios ESG sobre nosotros.
No muchos se dan cuenta que nuestros fondos de pensiones, ahorros, habilidad crediticia, e incluso nuestras maneras de percibir o pagar salarios, todas pasan de alguna u otra forma por estas entidades ya que ya el efectivo no se usa casi para nada. Es decir, si trabajamos para alguna empresa, o dependemos de algún sistema de pagos o transferencias, que no cumpla con los objetivos ESG, en algún momento podríamos encontrarnos con que nuestro capital ya no es nuestro, o que por más ahorros que tengamos, no estarán disponibles.
Esta es la nueva manera de manipular el mercado sin que parezca que está siendo intervenido por gobierno alguno, aunque sí lo será como veremos más adelante.
Y esto ya está pasando a nivel individual en casos como Paypal, la desmonetización de videos en YouTube, gente que decide donar 10$ a la causa "equivocada" por medio de GoFundMe, o aquellos que confiaron en plataformas de criptomonedas.
Otros posibles ejemplos son los de empresas de transporte que no cumplan con ciertos protocolos de bioseguridad pueden teóricamente ver sus activos financieros comprometidos. También con aerolíneas que por temor siguen cumpliendo con protocolos Covid 19 incluso si la ciencia demuestra que son un teatro. Pero podría pasar con empresas que no demuestren suficiente entusiasmo político en campañas de adoctrinamiento o apoyo a guerras suicidas.
La idea de este control sutil proviene de esfuerzos que se han tomado por más de 20 años en el campo de las ciencias de gobierno para fomentar la tan mentada “gobernanza” y la responsabilidad corporativa.
Entre las ideas fundamentales de estas corrientes se encuentra la creación de políticas de incentivos para que las empresas y corporaciones realizaran inversiones socialmente responsables y sostenibles. Tuve la suerte de estudiar entre expertos en el tema que incluso han asesorado a gobiernos e instituciones en toda Latinoamérica. Pero sólo recientemente me doy cuenta que estas herramientas lo que han servido es para construir el andamiaje de la nueva prisión financiera que cada día se cierra más y más a nuestro alrededor. Lo peor es que muchos de los que se están dando cuenta, aún insisten que esto es producto del libre mercado, sin siquiera considerar que han sido los mismos estados y entidades supranacionales las que han hecho todo esto posible.
Ya los oigo decir: “Pero Marcel, han sido las corporaciones las que han hecho esto de manera privada por no existir regulaciones suficientes.”
Lo cierto es que estas corporaciones han sido las mayores impulsoras de regulaciones en nuestras regiones, eliminando la competencia de comercios y empresas más pequeñas y con menor peso político para quedar como únicas suministradoras de servicios y productos.
También oigo a otros decirme: “Marcel, pero es que sin un marco regulatorio, quién garantiza que las empresas se comporten de manera ética con sus empleados o el medio ambiente?”
Yo no digo que no haya algún mérito a la idea general de promover ciertas conductas en las corporaciones. Nadie quiere que una empresa arrase completamente con un bosque o vierta desechos contaminantes en un lago o río.
Pero hay dos problemas con esta visión:
Los lugares con políticas más libres siempre terminan siendo más limpios y sanos a la larga (ver la calidad de vida en los países nórdicos antes de la imposición de estas tonterías).
Y que las políticas impulsadas por estas nuevas entidades se basan en conceptos puramente ideológicos como "justicia ambiental". Esta nueva élite de expertos que nadie eligió, van a decidir una manera de reparar o hacernos pagar por “crímenes ambientales” en cada uno de nuestros países.
Para determinar nuestras penas se crearon estos nuevos sistemas de evaluación, que son en realidad esquemas de redistribución de riqueza a nivel global usando como excusa el cambio climático, la lucha anti racista (o feminista), y la búsqueda de la "equidad". La idea en realidad no es fomentar la prosperidad y elevar nuestra calidad de vida, como nos querrán hacer creer, sino quebrar económicamente nuestros países y hacerlos dependientes de programas de ayuda exterior a través de instituciones como la CEPAL, Open Society, o la UNESCO.
Tal y como sucede en Cuba y Venezuela, estos gobiernos sin rostro podrán comenzar a decidir lo que cada ciudadano o usuario puede consumir en términos de recursos al año, pero a una escala global y ya no necesitarán el uso de la fuerza.
¿Cómo se aplican los criterios ESG?
Cada letra del ESG representa un nivel de control.
A través de la evaluación medioambiental, el Nuevo Orden Mundial (tal y como ellos mismos se llaman) puede imponer límites a cuántos aviones podemos tomar, decidirán si y cuándo podemos cambiar de carro, cuánta carne nos toca comer, y cuánto espacio vital podemos ocupar. De hecho, ya muchos voceros estatales dicen abiertamente que la mejor solución a la pobreza es abortar, comprarse una bicicleta, y gastar la mayor parte del día llenando formularios para el gobierno (pedir ayudas al estado).
La evaluación social muestra sus orígenes marxistas abiertamente. Establece las normativas de justicia social en las corporaciones en términos de cuántos veedores contrate una empresa por departamento. Estos veedores son personas con background en psicología, trabajo social, y sociología. Actúan como los antiguos comisarios soviéticos informando al estado acerca del cumplimiento de políticas de género, raciales, o de igualdad, para establecer la puntuación social de una empresa.
Esto lo estamos viendo aplicado en compañías como Disney, Netflix, Facebook, pero también podemos irnos a los perfiles de Procter & Gamble, Unilever, Calvin Klein, Colgate/Palmolive, o de grandes conglomerados como Scotia Bank, Santander, Microsoft. Todas estas empresas están siendo obligadas a contratar más y más de estos comisarios para asegurarse de que se apegan a los dictados de la agenda de género y de justicia social.
El criterio de gobernanza tiene que ver con qué tanto, o qué tan rápido, una empresa se apega a los nuevos mandatos impuestos por estas entidades supranacionales, y cómo construyen su sistema de obediencia interna disciplinando o despidiendo empleados que se resistan a mostrar lealtad a sus empleadores (que es en verdad lealtad a la agenda).
¿Y quién decide el contenido de esta agenda? Pues, seguramente seremos nosotros en votaciones regulares o a través de representantes democráticamente electos. ¿Cierto?
Pues no. Esto lo decide el World Economic Forum en sus planes soviéticos decenales. En este momento estamos transitando por la agenda 2030 y los famosos Objetivos de Desarrollo sostenible.
Pero ya saldrá la agenda 2040 y la 2050 a su debido tiempo. Al final, no tendremos nada y seremos felices según su video promocional que intentaron esconder pero que mucha gente logró archivar:
Como todo programa gubernamental, este nuevo sistema de crédito social no se va a implantar exclusivamente a garrotazo limpio. También hay una buena dosis de zanahorias que muchos incautos morderán.
Como el plan es monitorizar y regular el comportamiento humano para asegurarse que todo el mundo desfile al ritmo de la música que nos toquen, entonces también se crean incentivos para aquellos que se comporten bien. Y si ya vimos cómo la gente corría a ponerse sus talismanes (máscaras) y cumplir con los nuevos rituales religiosos (alcohol gel y distanciamiento), pues ahora veremos hordas de fanáticos haciendo colas para obtener sus incentivos. Según varias publicaciones, copiaremos lo bueno de otros sistemas exitosos.
La revista Foreign Policy nos describe cómo los negocios en China sufren menos por impuestos y burocracia si tienen una alta puntuación social, y Business Insider nos dice directamente que el sistema Chino no es tan malo, y que si te portas bien allá, puedes llegar a obtener descuentos en hoteles y mejores tipos de interés. Así, nos preparan para el futuro maravilloso que nos construyen los expertos.
Mastercard ya anunció su calculadora de huella de carbono para “orientar el consumo”. Según ellos, esta iniciativa dará ventajas crediticias para incentivar la participación voluntaria, y ciertas tiendas ya proveen a los bancos y entidades financieras sobre las emisiones de CO2 en nuestras compras.
Y no nos equivoquemos, estos criterios son estrictamente políticos y nada objetivos. A la Tesla de Elon Musk, la retiraron del S&P 500 ESG Index como represalia por no apegarse a los lineamientos políticos del momento. Es decir, la empresa que más ha ayudado a avanzar la agenda de cero emisiones de carbono en EEUU con sus autos eléctricos, no entra en un índice medioambiental donde Exxon Mobil figura entre las más importantes. Y esto sucede días después de sugerir devolver el acceso a Twitter a Donald Trump y mostrar que el 50% de los seguidores de Joe Biden son cuentas falsas.
Pero nuestros países no son afectados ¿no?
Uno pensaría que los gobiernos locales no permitirían que esto se impusiera. Después de todo, en latinoamérica reina el caudillismo.
Pues, nadie imaginaba el surgimiento de oligarquías globales que, para más inri, son quienes sirven como consultores en las cumbres a las que asisten los presidentes de todos nuestros gobiernos casi sin excepción.
Además, con el constante bombardeo en los medios, y el adoctrinamiento escolar que recibimos todos, ya muchos aceptan todo esto como si fuera el próximo paso en la senda del progreso. En Alemania, un estudio reveló que el 20% de sus habitantes apoyan un sistema de crédito social. Ya en Italia, la comunidad de Bologna anuncia que va a probar un programa de crédito social. Francia también anunció su app de identidad digital y, por supuesto, Ukrania no se puede quedar atrás avanzando en este programa que ha probado ser más importante que la supuesta guerra que está “ganando”.
Latinoamérica tiene décadas luchando contra la implantación de un marco legal lanzado por la Cepal, pero pocos países se han podido resistir. Sebastián Piñera rechazó firmar el Acuerdo de Escazú en 2019 (junto con otro paquete redactado por la Cepal), y le tiraron un golpe de estado con el cual la izquierda le ha doblado el brazo a Chile, haciéndolo aprobar cuanto papel les envíen desde Nueva York. Lo mismo pasó con Duque en Colombia, Lasso en Ecuador, y le pasará a todo aquel que se oponga.
Ya en Cuba, la heredera de Castro tuvo que declararse defensora de los derechos LGBT+ y se acabaron las protestas en la Isla. Maduro en Venezuela también hizo lo propio, y hasta le dieron permiso para exportar petróleo.
¿Pero Marcel, traedor de malas noticias y pesimista profesional, entonces qué podemos hacer?
Si bien, el panorama que se pinta en el futuro parece ser aterrador, hay varias cosas que se pueden hacer desde ya.
Hay que buscar maneras de, en lo posible, dejar de depender de todas las instituciones reguladas por el Estado. En algún momento contaré lo que hizo el gran Vaclav Havel en Europa del Este, y cómo se crearon lo que él llamó las “sociedades paralelas”.
Por lo pronto, lo primero y principal es sacar a nuestros niños de la escuela y comprender que tener un título es secundario. No podemos dejar que sean educados por gente que nos ve literalmente como enemigos. Entiendo que no todos pueden hacer esto ya que significa cambiar drásticamente de forma de vida. También sé que algunos de ustedes tienen la suerte de contar con escuelas relativamente sanas. Pero estas escuelas siguen siendo reguladas desde organismos que siguen implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el sistema educativo es el primer eslabón que ellos cambian.
Lo segundo es comenzar a ahorrar o invertir en activos tangibles. El 10% de nuestro ingreso debería ir a un fondo de divisas o monedas duras que no estén bajo el control de nadie más que nosotros y que no sufran devaluación.
En Argentina el dólar funciona como reserva de valor a corto plazo aunque yo no lo recomendaría. En otros países lo mejor es conseguir metales.
En una próxima entrada les hablaré de varios proyectos de comunidades que organizan huidas masivas hacia zonas rurales en sus países. Estoy hablando de miles de personas en USA, Italia, y España, que quieren instalar colonias en Sur América y Africa para escapar de lo que se viene y asegurar un futuro a sus familias.