Hace poco, un compañero de trabajo que vive en Canadá se quejaba de lo mal que funcionaba el sistema de correo. Según lo que describió, Canada Post suena como cualquier empresa estatal con base en países al sur de la frontera.
Mi amigo estaba consciente de que no podía esperarse nada bueno de una empresa administrada por burócratas sin incentivos para ser más productivos o mejorar sus servicios. A modo de contraste, se apresuró a señalar que desde hacía relativamente poco en Canadá el estado privatizó los servicios notariales, y que aunque había que pagar un poco más por los servicios, ahora eran muchísimo más eficientes.
Sin embargo, ya yo sabía a dónde iba a parar esta “innovación”.
En nuestros países, muchos gobiernos han mantenido el carácter privado de esta institución. Sin embargo, los han convertido en parte esencial del poder ejecutivo.
En principio, la función de una notaría debe ser meramente registral. Históricamente, ellas sólo sirven como testigos desinteresados al momento de la firma de contratos, transacciones, y otras cuestiones que requieran verificación posterior, como declaraciones juradas o testamentos.
Su importancia radica en que, en caso de haber problemas al momento de ejecutar un contrato, el documento notariado es el que será aceptado durante un litigio o presentado como prueba en corte.
Esto hace las transacciones más seguras para las partes interesadas y le añade un aire de solemnidad a los documentos.
En resumen, el notario sólo funge como testigo asegurándose que las personas firmantes sean quienes dicen ser y dejando constancia de que todos los interesados están de acuerdo con el documento firmado.
Sin embargo, las notarías modernas se han convertido poco a poco en instrumentos de control social y económico para la población. Poco a poco se han arrogado la potestad de ser quienes controlen quién puede contratar o ser contratado, quién puede adquirir o arrendar propiedades, o incluso quién puede ejercer ciertos derechos básicos.
Por ejemplo, en muchos de nuestros países, para la firma de un contrato las personas interesadas ya no sólo tienen que presentarse ante el notario con alguna prueba de identidad y el documento a firmar. Deben también cumplir requisitos que están en constante modificación dependiendo de lo rápido que las agencias reguladoras del estado puedan reescribir las reglas. Un día pueden requerir simplemente la cédula de identidad, para al otro exigir la partida de nacimiento, y la semana de arriba se puede necesitar un certificado de antecedentes penales para poder firmar un contrato de trabajo.
Ya las partes no son independientes de negociar sus términos, incluyendo discusiones privadas acerca de la vida pasada de cada uno. Ahora son las notarías quienes se están encargando de hacer cumplir el plan de control social que a los políticos se les ocurra sin pasar por proceso de votación alguno.
Advertí a mi amigo Canadiense que ese era el camino que iba a tomar el gobierno de su país, a lo cual respondió que ya todo esto había comenzado a suceder.
“¡Pero Marcel!” - Les oigo decir - “Esas son sólo las notarías porque son instituciones que deben velar por el cumplimiento de la ley. Nadie ha privatizado el poder ejecutivo".
Me encantaría que esto fuese así. Sin embargo, casi cualquier comercio hoy en día tiene como misión hacer que se cumplan las regulaciones que al estado se le ocurra. Incluso pasando por alto si las autoridades locales las han dejado sin efecto.
Por ejemplo, no es raro que en lugares donde hoy no se exige el uso de mascarilla ni el pase sanitario los negocios nieguen el servicio a aquellos que no sigan las “recomendaciones sanitarias”. El estado ya no tiene que notificarle al ciudadano ningún cambio en la ley. Sólo deben modificar las regulaciones aplicadas a los negocios y dejar que sean las entidades privadas las que ejecuten la nueva normativa como mejor les parezca.
Esto pasa con restaurantes, comercios, supermercados, peluquerías, clínicas, e incluso condominios. Actualmente, es común ver que los administradores y conserjes en los conjuntos residenciales funjan como gendarmes que garanticen el buen comportamiento privado de los propietarios y sirvan como correas de transmisión de los valores impulsados por el estado o los medios.
Mucha gente que se negó a vacunar a sus hijos, hoy se ve extremadamente limitada cuando trata inscribirlos en colegios o incluso si quiere que participen en actividades extracurriculares o adquieran algún hobby nuevo. Es decir, la Organización Mundial de la Salud es la que decide si una familia es apta para seguir su vida con normalidad, sin mediar proceso legislativo alguno, ni ser sometido a referendo.
Por otro lado, las tiendas online y servicios financieros aplican normativas que no tienen su origen en instituciones legítimas. Por ejemplo, el data mining promovido por la industria financiera y las compañías que se lucran del “big data” ha sido impuesto sobre todas las opciones financieras y canales de pago online. Hoy en día ofrecen “facilidades” de cobro y pago para el eCommerce, pero lo que en realidad hacen es convertir cada punto de comercio en un centro de recaudación de datos y de aplicación de normativas internacionales. De acuerdo con la misión y visión de muchas de las compañías que ofrecen estos sistemas, se trata de impulsar de manera efectiva los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030, o los criterios ESG.
Progresivamente, los comercios en nuestros países están dejando de aceptar efectivo y piden nuestro documento de identidad para efectuar casi cualquier transacción. Esto lo hacen porque el Estado y las empresas financieras mundiales les exige llevar control férreo de cada compra.
Ya sé lo que piensan - “Marcel. Mi querido y voluntarioso propagador de ideas pecaminosas. Tienes que entender que eso lo hacen para nuestra conveniencia. Es parte del progreso.”
A ver, mi familia está forzada a utilizar los servicios de PayPal o MasterCard para pagar todos los servicios esenciales. A pesar de que hay un constante diluvio de propaganda sobre cómo los bancos o servicios financieros facilitan nuestra vida, no hay mes que no haya algún problema debido a cambios en el sistema de pago de las tiendas, o proveedores de servicios. Incluso asistir a consultas médicas requiere que nos mantengamos al pie del cañón en caso de un cambio de última hora en el modo de pago.
Todo esto sucede debido a cambios totalmente arbitrarios en el sistema regulatorio de nuestros países. Un día puedes hacer compras al otro lado del mundo. Al siguiente te notifican que te encuentras en una región bloqueada. Un día sólo tienes que dar tu nombre y dirección para recibir un pedido de comida rápida en 10 minutos. Al otro debes seguir un procedimiento engorroso que te toma más tiempo del que pensabas ahorrarte en la cocina.
Y la cosa empeora a medida que el Estado convierte a cada tienda, negocio, o entidad privada en un brazo ejecutor de sus regulaciones.
Pero la idea de la legislación indirecta no es nueva.
Por ejemplo, la inflación es un impuesto indirecto no legislado como explicaba Milton Friedman. Por otro lado, hace ya casi 100 años que los estados trasladaron las labores de recolección de impuestos directamente a los empleadores y comercios. Esto ha hecho que la clase política pueda recaudar en muchísima mayor proporción que en cualquier punto anterior de la historia sin que el pueblo dirija directamente su descontento contra ellos.
Antes, si el Estado exprimía demasiado a sus ciudadanos con impuestos, estos sabían al menos a quién le debían el malestar. Ahora, el estado sabe que si nos va mal todos vamos a culpar a quienes nos emplean o a quienes producen lo que consumimos porque son ellos quienes ejecutan la política fiscal.
Es decir, si somos pobres, ya no es culpa del estado si no de los empresarios.
Esta situación lleva muchas décadas en marcha. Sin embargo ya el proceso no es tan subterráneo como pudo haber sido el siglo pasado cuando los estados parecían tener algo de pudor. Ya llegamos a un punto en que estamos tan acostumbrados a que nos hagan perder tiempo y dinero, que no nos damos cuenta cuando aumentan la presión. Lo peor es que sólo un sector de la sociedad tiene derecho a rebelarse, y sólo lo hacen cuando eligen a presidentes que se niegan a expandir el poder ejecutivo del gobierno mundial.
La innovación tecnológica actual no funciona como las de hace unos 20 años. Antes, cada vez que una empresa inventaba una nueva manera de realizar transacciones, uno podía sentir el cambio en términos de eficiencia y tiempo ahorrado. Hoy en día, parece que gastamos más tiempo en hacer actualizaciones y probar “nuevos” sistemas que cada vez más requieren que ingresemos datos personales una y otra vez, sin importar lo “interconectadas” que estén las instituciones y comercios.
Una vez, Fidel Castro, al ser interpelado por el General Venezolano Guaicaipuro Lameda acerca de la crisis económica en su país, dijo: “Tu no has entendido, a la gente hay que mantenerla ocupada así sea buscando comida.”
Si creemos en lo que dicen algunos intelectuales sobre la naturaleza comunista de los dirigentes del Foro Económico Mundial, entonces no debe sorprendernos que compartan las mismas ideas que el tirano de Cuba, incluyendo la privatización del poder ejecutivo.